domingo, 24 de junio de 2007

El INM violó el derecho de 19 migrantes a defenderse

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al Instituto Nacional de Migración (INM), que dirige Cecilia Romero, por "las omisiones e irregularidades" en que incurrieron servidores públicos de esa dependencia en San Luis Potosí, debido a que se negó a 19 migrantes centroamericanos su derecho a la seguridad jurídica y presentar pruebas de descargo.
Los hechos ocurrieron el 12 y 23 agosto de 2006, cuando agentes de la Procuraduría General de la Republica (PGR) y policías estatales y municipales, "sin estar facultados para ello", pusieron a disposición de la estación migratoria a los migrantes indocumentados.
Luego de realizar las indagatorias correspondientes, la CNDH acreditó que los servidores del INM vulneraron "los derechos a la legalidad y la seguridad jurídica" de 18 hondureños y un guatemalteco. El titular del organismo, José Luis Soberanes, señaló en la recomendación que durante el proceso migratorio no se comunicó a los extranjeros los hechos que se les imputaban, tampoco su derecho a ofrecer pruebas en su favor ni se les permitió en cada caso declarar lo que a su juicio conviniera.
Pese a que investigó los hechos, el equipo de la CNDH no pudo establecer de manera fehaciente la forma en que los indocumentados fueron detenidos por los elementos policacos; sin embargo, confirmó que existieron anomalías en el procedimiento, pues en las actas administrativas no se describe el operativo. El INM sólo asentó en esos documentos la fecha del informe, nombre del migrante, origen, ocupación y grado de estudios.
El organismo solicitó al INM copia certificada, legible y completa de los expedientes, pero sólo le fue proporcionado el de un caso.
Soberanes Fernández subraya que dos migrantes presentaban lesiones el día en que fueron detenidos, lo que se asienta en los certificados médicos expedidos por el municipio de Soledad Graciano Sánchez, San Luis Potosí. "Esto resulta contrario a lo señalado en el documento del INM, donde se les hizo firmar, bajo protesta de decir la verdad, que recibieron atención médica, aunque no hay constancia alguna de ello."
El ombudsman solicitó al INM investigar a los funcionarios involucrados, determinar quiénes omitieron dar información a la CNDH y dar vista al Ministerio Público Federal sobre las conductas ilícitas.


La Jornada./ Se escapó Elodia de esta.

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