jueves, 1 de diciembre de 2011

Insiste el gobierno en equiparar protestas con actos terroristas...

AN plantea endurecer penas a quien presione a la autoridad para adoptar una decisión

Insiste el gobierno en equiparar protestas con actos terroristas

Se pretende proteger a los agentes de la DEA hasta de una pedrada, sostiene Pablo Gómez

El texto lo elaboró la consejería jurídica de la Presidencia, aclara el panista González Alcocer

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Lo que están planteando es el sueño dorado de Díaz Ordaz, señaló el senador Pablo Gómez durante el debate sobre la miscelánea penal en materia de lavado de dinero de las comisiones dictaminadorasFoto Francisco Olvera
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Jueves 1º de diciembre de 2011, p. 5

Nuevamente el gobierno de Felipe Calderón insistió en una modificación legal que equipara los movimientos sociales y las protestas con actos terroristas.

Durante una reunión de comisiones dictaminadoras de la llamada miscelánea penal en materia de lavado de dinero, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Senadores, el panista Alejandro González Alcocer, presentó un capítulo nuevo en el que se endurecen los tipos penales sobre terrorismo y se imponen penas hasta de 40 años de cárcel a quienes presionen a la autoridad o a un particular para tomar una determinación.

En ese supuesto cae cualquier movimiento social que presente demandas a las autoridades, recalcó el perredista Pablo Gómez Álvarez, y preguntó a González Alcocer: ¿de dónde salió ese nuevo texto, que no estaba incluido en la miscelánea penal que Calderón remitió al Senado?

González Alcocer sólo respondió que México tiene el compromiso internacional de legislar sobre financiamiento al terrorismo, pero en entrevista posterior reconoció que el texto fue elaborado por la consejería jurídica de la Presidencia de la República.

Gómez Álvarez le dijo que ese texto nada tiene que ver con el tema de financiamiento al terrorismo y que es criminalizante, además de que trata de proteger al personal de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su siglas en inglés) y de otros órganos de ese país que operan en México, hasta de una pedrada, ya que quien lo hiciera sería procesado por terrorismo, al igual que quien le aviente un zapato a algún funcionario.

En 2007, el Senado aprobó reformas al Código Penal Federal en materia de terrorismo internacional; en el artículo 139 de ese ordenamiento se incluyó el párrafo cuestionado, que tipifica como actividad terrorista el presionar a la autoridad para que adopte una determinación.

Se trataba de una minuta y el Senado la aprobó en sus términos para no regresarla a la Cámara de Diputados. Sin embargo, PRI, PAN y PRD acordaron presentar una iniciativa para eliminar la criminalización de la protesta social ahí incluida.

En 2008, el senador René Arce presentó una iniciativa en esa materia, pero está congelada en la Comisión de Justicia. Aunado a esto, el texto que ayer incluyó González Alcocer en el proyecto de dictamen de la miscelánea penal avanza en la criminalización de la protesta, ya que incluye no sólo presiones a las autoridades, sino también a un particular, como parte de las acciones tipificadas como terroristas.


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